Oposición a la utilización del incinerador del Hospital de Niños de San Justo

Las autoridades de la municipalidad de La Matanza, con el asesoramiento del tristemente célebre Dr. Bernengo Lima, planean volver a utilizar el INCINERADOR del Hospital de Niños de San Justo con el fin de quemar los residuos patológicos que se producen en este nosocomio y en Centros de Salud aledaños.

Consultando a la organización ecologista Greenpeace que mundialmente se opone a la instalación de cualquier tipo de hornos incineradores de residuos en zonas urbanas, propone convocar a los vecinos contra estos proyectos.

Los enormes volúmenes de residuos generados, han originado una nueva industria muy lucrativa, que utiliza a los residuos tóxicos como materia prima. La incineración se presentaba al principio como una “solución” para terminar con el problema de los residuos tóxicos, luego de comprobarse que otros tratamientos, como el enterramiento o el volcado, no daban seguridades y tarde o temprano aquellos pasaban a contaminar, el aire, el suelo o las aguas. De esta forma también se cerraba el ciclo, contaminantes se generan eternamente y los incineradores y nuestros representantes políticos tienen su negocio asegurado.

Las dioxinas, uno de los subproductos de esta quema, persisten décadas en el ambiente, y han sido clasificadas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, como “cancerígeno humano cierto”.

“Las empresas de incineración aseguran un monitoreo continuo de los gases de las chimeneas, pero omiten decir que las dioxinas no pueden ser monitoreadas continuamente. Apenas se puede -y de manera esporádica- tomar muestras de las emisiones y someterlas a análisis altamente costosos para conocer su contenido en dioxinas,” afirma Greenpeace.

En nuestro país los organismos de fiscalización y control no están en condiciones técnicas ni presupuestarias para realizar este control. Las autoridades que defienden la instalación de estas plantas suelen destacar que las empresas mismas llevarán adelante un monitoreo de algunos gases, dejando así el control en manos de quien tiene intereses comerciales en el funcionamiento del incinerador, y resignando a los municipios, en este caso también con propios intereses, su obligación de proteger el ambiente y la salud pública.

En estos días la Legislatura de la Ciudad, con la mayoría en manos del Pro, tiene a discusión las normas que regirán la instalación de este tipo de incineradores para las basuras peligrosas en Buenos Aires, conviene aclarar que de no mediar oposiciones como la de Greenpeace ya estarían funcionando varios incineradores.

La movilización ciudadana y los recursos legales interpuestos por los vecinos han logrado detener numerosas propuestas para instalar nuevos incineradores; parece ser el único camino. San Justo Ambiental vuelve al ruedo.